Falta de respeto a los ciudadanos

Que la mayoría de los políticos demuestran una absoluta falta de respeto por los ciudadanos que sustentamos sus cargos, es algo de lo que no me cabe ninguna duda y ahí están sus actitudes para demostrarlo.

En campaña electoral predican cosas que incumplen a los pocos días de acceder al poder. No hay más que recordar las rotundas afirmaciones de Mariano Rajoy antes de las elecciones generales, en las que aseguraba que no subiría los impuestos y si no fue la primera, fue de las primeras decisiones que adoptó el nuevo ejecutivo.

Dicen, y seguramente será verdad, que con la crisis económica en la que está inmerso el país habrá que seguir tomando decisiones duras de cara a los ciudadanos y habrá que hacerlo cuanto antes. Bien todo eso lo puedo aceptar, lo que ya no alcanzo a comprender es por qué, si la situación es tan grave y urgente, se va posponer la adopción de medidas para paliar la crisis hasta después de las elecciones andaluzas.

Evidentemente se trata de una estrategia para no perder votos en una de las comunidades más codiciadas para los partidos políticos por su densidad de población, entre otras cosas. Me indigna que primen los intereses partidarios por encima de los generales, como me incomoda que, aún encima, nos refrieguen por la nariz “que las medidas más duras se tomarán tras las elecciones andaluzas”. Nos tratan como si fuésemos idiotas. Con más de cinco millones de parados, si hay que actuar, hay que hacerlo de inmediato y dejarse de frivolidades.

Claro que a lo mejor no es tan urgente porque sólo con que los populares llegaran a la Moncloa ¿ya estaba todo resuelto, no?. Pero bueno a los votantes andaluces corresponde tomar buena nota de lo que está ocurriendo antes de decidir a quien confían su futuro.

España es diferente

Cuando este país todavía se veía en blanco y negro, había un eslogan que decía España es diferente, con el que se quería atraer a turistas de fuera de nuestras fronteras.

Hoy, más de dos décadas después, el eslogan continúa más vigente que nunca porque si no, cómo se explica que esta misma mañana se siente en el banquillo de los acusados un juez como Baltasar Garzón, que nunca se arrugó ante nada a la hora de investigar cualquier conducta que considerase delictiva, sin importarle ni las críticas ni el nombre o la relevancia de los implicados.

Y ahora se le juzga por unas escuchas, supuestamente ilegales, a los cabecillas de la trama Gürtel, una de las más corruptas que han poblado el escenario patrio y que, presuntamente, han desvalijado más de una administración pública con la connivencia de los políticos de turno, claro está.

Pero la cosa no termina ahí, porque el mencionado juez que realizó un trabajo ingente en la lucha contra los GAL o contra ETA, por ejemplo, volverá a ser juzgado en pocas fechas, por haberse atrevido a investigar los crímenes del franquismo. De ser condenado, el juez Garzón podría ser inhabilitado durante 17 años con lo que se pondría fin a una meritoria carrera, en la que también hubo sombras, como no.

Algo no funciona bien en un país en el que se permite que ocurran cosas como estas, que serían impensables en cualquier Estado democrático de nuestro entorno. Queda esperar que la justicia haga su trabajo y actúe sin presiones, para convencernos, como se repite hasta la saciedad, que hay que confiar en la justicia, aunque algunas veces sea necesario hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. Este asunto huele muy mal, francamente.

Enseñanza concertada con dinero público

Estos días se está hablando mucho de las dificultades que tienen algunas comunidades autónomas para hacer frente a los gastos que supone mantener los centros docentes concertados. Confieso que nunca entendí el objetivo ni los beneficios de subvencionar a colegios privados en lugar de invertir ese dinero en adecuar convenientemente las escuelas públicas.

Considero que sería mucho más interesante invertir todos los fondos que se destinan a los conciertos escolares en la dotación material y humana de los colegios públicos para que toda la sociedad tenga acceso a la educación, en las mejores condiciones posibles.

Evidentemente no estoy en contra de la enseñanza privada, ya sea religiosa o laica, pero pienso que aquellos que optan por llevar a sus hijos a estos centros deberán hacerlo con todas sus consecuencias. Es decir, abonando el importe que corresponda en cada caso porque no hay que olvidar que, además de colegios, son empresas con unos propietarios que, evidentemente, hacen de ello su negocio.

Creo que es hora de que el gobierno aborde este asunto de una forma clara y contundente. Tampoco estaría de más que revisara los convenios que mantiene con la iglesia, por ejemplo a la hora de contratar a los profesores de Religión

Ayer mismo, conocimos el caso de una maestra de Religión que fue despedida por el obispado por haberse casado con un divorciado. La docente recurrió a los tribunales que le dieron la razón y ahora es el Estado (o sea todos) el que tiene que hacer frente a una indemnización de más de 200.000 euros por los salarios pendientes.

No voy a entrar a cuestionar la sentencia, faltaría más, pero sí sus consecuencias. Si la iglesia despide a un trabajador y este despido se considera improcedente no sé porque la indemnización tiene que recaer sobre la población y no sobre los ejecutores de la, no sé si le puede llamar así, infracción.

De todas formas, sé que todas estas cuestiones, si alguna vez se abordan que lo dudo, no será ahora con el gobierno de derechas que preside Mariano Rajoy.

Tertulias políticas

Tengo la costumbre, no sé si buena o mala, de escuchar tertulias políticas porque me interesa todo lo que ocurre en el país y me gusta oír distintas interpretaciones de los acontecimientos, pero me estoy planteando abandonar esta práctica porque no me aporta nada. Seguiré leyendo periódicos y viendo informativos para sacar mis propias conclusiones -algo que ya hice siempre, por otra parte-.

Todo esto lo digo porque, ciertamente, no me merece la pena seguir escuchando a los, se supone, expertos politólogos navengando dialéticamente para contentar a todos y evitar llamar a las cosas por su nombre. En mi opinión, tampoco es interesante perder el tiempo para ver como las actitudes de los cargos públicos se defienden o censuran en función del personaje del que se trate y de su ideología política.

Cuando un político es corrupto y esquilma las arcas públicas en su propio beneficio, estamos hablando de una forma de proceder -no sé si delictiva-, pero si deleznable, sea cual sea su color político y hay que decirlo sin ambages y dejarse de recovecos lingüísticos.

Finalmente debo decir también que estoy profundamente decepcionada con la izquierda de este país que, como es más demócrata y tolerante que nadie, (que posiblemente lo es), practica una oposición demasiado “políticamente correcta” con una derecha que nunca se caracterizó por echar una mano al gobierno de turno para solucionar los problemas de todos.

Y no lo hizo porque la derecha tenía una sola meta, alcanzar el poder. Ya lo ha conseguido, ahora tendremos que padecer las consecuencias de cómo y en beneficio de quién va a utilizar ese poder (absolutamente lícito, faltaría más). Me temo que los ciudadanos lo vamos a padecer y mucho pero es lo que hemos decido y ahora no caben lamentaciones, aunque sí es interesante ir tomando notas para el futuro.

El ego de algunos políticos

El ego y la falta de pudor de que hacen gala algunos políticos podría calificarse de esperpéntico si no llevasen implícito un absoluto desprecio por el dinero público y las personas a las que representan.

El que hasta hace pocas fechas ostentaba la presidencia de la Diputación de Castellón por el Partido Popular, Carlos Fabra, ha puesto el listón muy alto. Recientemente ha inaugurado un aeropuerto sin aviones y ahora, está a punto de poner el colofón a un recinto absolutamente inoperante, con la instalación de una gigantesca escultura que representa un busto de sí mismo y que, según todas las informaciones, ha costado la friolera de 300.000 euros, a los que hay que sumar los 30 millones que se han gastado en publicidad.

Las cifras de este aeropuerto al que el propio Carlos Fabra se refirió como “el aeropuerto del abuelo”, no son baladí si se tiene en cuenta que carece de utilidad. Así, se han invertido más de 100 millones en su construcción, otros 35 se emplean en su mantenimiento y más de 400.000 euros en halcones para garantizar la seguridad de unos vuelos que no existen.

Después de todo esto, que no es sino una pequeña muestra, quién puede sorprenderse de que la clase política sea una de las instituciones peor valoradas por los ciudadanos. Los dirigentes deberían de ser conscientes de que el ser elegidos democráticamente, únicamente les faculta para gestionar los fondos públicos para el bien común, pero nunca para su propio beneficio ni para construir mausoleos en su memoria.

Luego nos dicen que es necesario hacer un ejercicio de austeridad y que tenemos que apretarnos el cinturón. Si no fuera por lo complicado de la situación, sería para morirse de risa.

Saqueo de las arcas públicas

Prácticamente cada mañana cuando abrimos un periódico o escuchamos algún informativo, nos encontramos con nuevos casos de corrupción, relativos al saqueo de las arcas públicas por parte de responsables políticos.

La última de las informaciones hace referencia a la declaración en los juzgados del chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social en la Junta de Andalucía, el socialista Francisco Javier Guerrero, quien asegura que éste gastó 900.000 euros en “juergas y compra de cocaína”, de una partida destinada al ERE andaluz.

Si la información se confirma, este individuo, tal y como ya han manifestado fuentes del partido socialista, deberá ser expulsado inmediatamente de sus filas, a la vez que habrá de aplicársele todo el peso de la ley, como a cualquier persona que haga un uso fraudulento del dinero de todos.

La rapidez con que los socialistas han reaccionado ante la presunta malversación de fondos públicos del citado ex responsable político andaluz contrasta, y mucho, con la de los populares que, en este caso, sacan pecho y si se apuran a pedir responsabilidades, mientras mantiene en sus filas a un ex presidente autonómico, actualmente sentado en el banquillo de los acusados por actitudes similares. Así como a numerosos cargos públicos imputados por presuntas actividades delictivas, siempre relacionadas con el desvío de dinero público a bolsillos particulares.

Mención aparte habría que hacer del señor Jaume Matas, que fue ministro en el gobierno de José María Aznar y también se sienta estos días en el banquillo por la primera de las 26 causas que tiene pendientes con la justicia.

Pero estos casos no deben de parecerle lo suficientemente importantes a los populares, pues no sólo no los condena sino que, en ocasiones, muestran su apoyo explícito a los imputados como lo hizo hace unos meses el hoy “desaparecido” presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al asegurar a Francisco Camps que “siempre estaré a tu lado, o delante de tí….”. Por lo que se ve, para el PP existen diferentes varas de medir en función de la ideología del presunto delincuente.

Valencia, deuda y Francisco Camps

Esta mañana me ha sorprendido, aunque no tanto, la noticia de que el Tesoro Público ha tenido que inyectar capital a la Comunidad Valencia para que ésta, a su vez, pudiera hacer frente a una deuda de 123 millones de euros contraida con el Deutsche Bank alemán y evitar así la bancarrota.

Según todas las informaciones esto no es más que el principio, pues se trata de una de las numerosas y cuantiosas deudas que tiene contraídas el gobierno valenciano bajo la presidencia de Francisco Camps.

Llama la atención que esta circunstancia ocurra en un territorio en el que en los últimos tiempos se ha venido haciendo una notoria ostentación de poderío económico. Pagos millonarios a arquitectos de renombre por proyectos que nunca llegaron a ejecutarse; construcción de aeropuertos sin aviones (ahora convertidos en madrigueras de conejos salvajes); subvenciones millonarias a la Formula 1 y a otros eventos deportivos, o numerosos casos de presunta corrupción (léase Gürtel, Brugal, Urdangarín…).

Ahora que parece que la situación es insostenible, los valencianos volverán a escuchar el discurso de siempre, que todos deben de hacer un esfuerzo y sacrificarse para salir del agujero económico en el que están metidos. Y se pedirá de nuevo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón (no sé si quedan más agujeros).

Mientras tanto, el máximo responsable de esta situación, en tanto en cuanto era la primera autoridad en el gobierno autonómico, Francisco Camps, seguirá sentado en el Parlamento de las Cortes Valencianas, sin ver mermado su salario y sin asumir ninguna responsabilidad por la mala gestión durante su mandato que llevó a la quiebra a su comunidad convirtiéndola en la más endeudada de España . Seguramente él, como hace casi siempre, lo justificará todo diciendo que contaba con el apoyo mayoritario de los valencianos, pero ni siquiera eso legitima una gestión tan nefasta como la que se ha demostrado en Valencia.

De todas formas queda esperar porque me temo que este no será el único caso.

Descenso en la venta de coches

Desde siempre, la venta de coches ha sido un indicador de como marcha la economía de un país y, aunque actualmente no hace falta echar mano de estadísticas para comprobar la situación ruinosa en la que dicen que nos encontramos, llaman poderosamente la atención algunos datos.

Por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de balances como cada final de año, aparecen estadísticas cuando menos llamativas. Concretamente y por lo que se refiere al sector de la automoción se constata una bajada del 17,7% en la venta de turismos en el año 2011 con respecto al 2010. Este dato no debería de sorprendernos con la que está cayendo y teniendo en cuenta, también, que los créditos se podría decir que han desaparecido del mapa. Y sin crédito, la mayoría de los ciudadanos se ven imposibilitados para renovar su vehículo.

No obstante, es significativo que mientras esto ocurre con la venta de los utilitarios de toda la vida, la adquisición de coches de lujo, esos para los que los compradores no necesitan solicitar un préstamo, se ha incrementado nada más y nada menos que en un 125%.

Sin duda se trata de un dato relevante y concluyente de lo que realmente está ocurriendo en nuestro entorno que es la enorme fractura que se está produciendo entre las distintas capas de la sociedad. Cuestión que para nada es baladí y que deberíamos de tener en cuenta cada vez que somos llamados a las urnas.

Recortes y promesas incumplidas

Cierto es que el Partido Popular hizo pocas promesas durante la campaña electoral en la que, práticamente, se limitó a echar la culpa de todos los males del Universo al expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. En ese momento, según los populares, no había una profunda crisis en toda Europa, sólo era un problema en España debido a la mala gestión del ejecutivo socialista. Si bien es cierto que alguna responsabilidad habrá de tener el PSOE, no lo es menos que poco o nada se podía hacer con una situación económica terriblemente precaria debido, sobre todo, a la actuación de los mercados.

Así las cosas, el entonces candidato y hoy desaparecido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió que si ganaba las elecciones no subiría los impuestos, ni congelaría los salarios de los más desfavorecidos, ni culparía al gobierno saliente de las duras medidas que, sin duda, habría de adoptar el nuevo ejecutivo.

Ha bastado una semana, desde la toma de posesión para que se incumplan todos estos compromisos, se congelan salarios, se suben impuestos y se culpa a los demás. Únicamente se mantiene la promesa de incrementar las pensiones, aunque se hace de una forma engañosa. A saber, las pensiones suben un 1%, porcentaje que no compensará, de ninguna forma, la subida de impuestos y esto supondrá una pérdida de poder adquisitivo también para este colectivo.

La obsesión del Gobierno, y supongo que parte de la solución a la crisis, se basa en la reducción del déficit público. Un déficit en el que tienen una importante implicación las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas desde hace tiempo por el PP que, a lo mejor, debería de hacer examen de conciencia.