Recortes y subvenciones

Que las directrices económicas las marca Europa y más concretamente Angela Merkel, no es un secreto para nadie y que hemos de cumplir el déficit que se nos exige, tampoco. Lo que, sin embargo, no está tan clara es la forma de conseguir que cuadren las cuentas y ésto corresponde única y exclusivamente al Gobierno de la nación.

Y el gobierno popular ha decido que sólo existe una manera posible de enjugar el déficit y es, según su criterio, cercenando los derechos de los ciudadanos con unos recortes salvajes, que no harán sino retraer el consumo y, consecuentemente, ralentizar todavía más la economía.

Habría que recordar a los gobernantes, a los que se les supone una alta cualificación, que si se ha llegado a esta situación de emergencia, no ha sido porque los ciudadanos hayan dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales. Más bien deberíamos achacarlo a la mala gestión que se ha hecho del dinero público (de todos). Durante muchos años los dirigentes políticos se han dedicado a enterrar miles de millones de euros en proyectos faraónicos carentes de cualquier utilidad, cuando no a llenar sus propios bolsillos.

Y mientras los responsables de este desaguisado económico continúan viviendo en la opulencia, el ejecutivo ha decidido que han de ser, como siempre, los trabajadores los que paguen los platos rotos de una situación que les es ajena. Me pregunto ¿por qué al gobierno no se le ocurre perseguir el fraude fiscal?, por ejemplo. Sería una muy buena forma de recaudar una cantidad nada despreciable de euros que evitarían en gran medida los recortes que están llevando a cabo todas las administraciones en servicios tan básicos como la Sanidad o la Educación.

También podría cuestionarse que mientras muchos trabajadores se ven desprovistos de sus más elementales derechos, por razones de tesorería, dicen, el gobierno gallego apruebe una subvención de 340.000 euros para repartir entre distintos medios de comunicación por “urgente necesidad”, en palabras del titular de Hacienda. Supongo que los receptores de las ayudas ofrecerán como contrapartida glosar en sus páginas las bondades de un gobierno que los trata con una deferencia que para sí quisieran algunos ciudadanos mucho más necesitados.

Pero no sé por qué me sorprendo, es lo de siempre.

Desmesura policial en Valencia

Después de la brutal actuación policial para reprimir una manifestación estudiantil en Valencia, me parece una burla que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se pronuncie en Londres -siempre habla fuera de España, desconozco el motivo-, reclamando mesura porque, según sus propias palabras, “se está dando una imagen de España que no es real”. Contrariamente a lo que estoy escuchando en diferentes medios informativos, esta declaración no me parece que sea como para aplaudirle.

Porque cabría recordar al titular del ejecutivo que la policía no carga contra los estudiantes de motu propio, sino que lo hace cumpliendo órdenes y éstas proceden de los responsables políticos que son los mismos que luego piden mesura. También sería bueno que aclarase qué pasaría si no hubiera imágenes de los acontecimientos, porque entonces no tendríamos mala prensa fuera de nuestras fronteras, ¿o me equivoco, Sr. presidente?.

Es lamentable que después de los vídeos que hemos visto todos, de agresiones a unos niños que reclaman pacíficamente mejoras en sus centros docentes, el ministro de Educación conteste a una pregunta parlamentaria diciendo que el PSOE siempre “se pone de lado de la movilización violenta”. ¿Quiénes fueron los violentos?

No hay que olvidar que los institutos de la Comunidad Valenciana carecen de calefacción, materiales de laboratorio y otros, porque los sucesivos gobiernos -casualmente del PP- han dilapidado los recursos económicos con iniciativas tan glamurosas como ruinosas y citaré como ejemplo el Gran Premio de Fórmula 1. Sin olvidar que se construyen aeropuertos sin aviones, pero con una gran estatua del promotor de la obra.

Finalmente, me gustaría que alguien me aclarase por qué la policía no suele cargar contra los hinchas del fútbol que toman las calles cuando su equipo gana cualquier cosa. En estas ocasiones, cuando terminan las celebraciones, el aspecto de las ciudades tampoco es la mejor imagen que podemos exportar al exterior, señor presidente.

El sentido del humor del PP

Los integrantes del Partido Popular pueden tener muchos defectos pero no se les puede negar que poseen un gran sentido del humor porque, de lo contrario, no se entenderían algunas de las declaraciones públicas de miembros destacados de la formación y pondré algunos ejemplos.

La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, repite machaconamente que el suyo es el partido de los trabajadores; el recién elegido presidente de la diputación de Ourense, José Manuel Baltar, afirma que el caciquismo está erradicado en la Galicia actual; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, está convencido de que pasará a la historia como defensor de la Sanidad Pública y el presidente del organismo provincial de Castellón, Carlos Fabra construye un aeropuerto para las personas, según sus propias palabras. Este último va todavía más lejos y como no reímos sus gracias nos llama idiotas y nos dice que no hemos entendido nada. Probablemente tenga razón porque las personas no necesitamos un aeropuerto para pasear para eso queremos un parque.

Si con estos ejemplos, podría poner muchos más, no nos morimos de risa es porque, definitivamente, carecemos del más absoluto sentido del humor. A lo mejor estoy equivocada y lo que pretenden los populares no es hacernos reír, sino reírse de nosotros sin que nos demos cuenta, claro.

A los que sí parece que les hacen mucha gracia, estas y otras ocurrencias del partido gobernante, es a los empresarios que, sin embargo, tratan de no reírse en público no vayamos a pensar mal. Y es normal que la patronal esté dando botes, si se permite la expresión, porque consiguieron algo insólito. Desde ahora podrán cambiar a sus empleados que gozaban de algún derecho, por marionetas que moverán a su gusto, cuando y donde quieran y de una manera mucho más económica.

Podría citar también alguna de las gracias de Mariano Rajoy como sus afirmaciones de que el gobierno será transparente y no mentirá a los ciudadanos, pero podría resultar algo aburrido.

Insaciables

Los empresarios son insaciables, después de que el gobierno popular aprobase una reforma laboral hecha a su medida y que anula absolutamente los derechos de los trabajadores, ahora quieren que se modifique el derecho de huelga. ¿Qué será lo próximo?, ¿qué nos fijen una hora para llegar a casa?, o que nos prohíban llevar un jersey amarillo, por ejemplo.

No lo sé, pero ya no me extrañaría nada. Porque la reforma laboral que ha hecho el ejecutivo de Mariano Rajoy es un atentado a la clase trabajadora a la que, de un plumazo, ha desprovisto de todos los derechos conquistados tras décadas de lucha obrera.

Es lamentable ver como los patronos -que están felices y no es de extrañar-, podrán despedir, rebajar sueldos o categorías, modificar horarios, cambiar el lugar de trabajo, etc, etc, mientras los trabajadores habrán de soportar cualquier cosa para no perder su empleo. Y todo esto se hace, dicen, para rebajar las cifras del paro. Con estas medidas, no traten de engañarnos otra vez, no se conseguirá crear empleo pero si precarizarlo como nunca antes se había hecho. Esta ley nos retrotrae de nuevo a los primeros años del pasado siglo.

Y mientras aprueban estas medidas, los políticos, sin ningún pudor, consolidan sus beneficios y prebendas. Hace pocas fechas en el Congreso de los Diputados se presentó una propuesta para evitar que los ex-presidentes del gobierno pudieran simultanear la pensión vitalicia, a la que tienen derecho por su cargo, con un salario de la empresa privada. La iniciativa fue rechazada con los votos de los dos partidos mayoritarios en la cámara.

Tampoco está de más recordar que, según la legislación vigente, los diputados que ocupen un escaño durante siete años, tienen derecho a una pensión vitalicia y no de seiscientos euros, por cierto. Los trabajadores, sin embargo, han de cotizar 40 años si quieren tener una pensión que les permita, cuando menos, comer después de toda una vida trabajando.

Me estoy planteando seriamente dejar de votar, al menos así no me sentiré tan manipulada, tan traicionada y tan utilizada, como me siento ahora.

¿Micrófonos indiscretos?

Últimamente nos enteramos de los planes del Gobierno, cuando alguno de sus representantes viaja a Europa y, casualmente, hay un micrófono abierto que capta a nuestros políticos contándole a los comisarios europeos las nuevas medidas que va a adoptar el ejecutivo.

Hace pocas fechas era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien informaba a varios representantes de la comunidad de que en España estaban preparando un paquete de reformas que le iban a costar una huelga general y lo hacía, al menos esa es mi sensación, como si estuviese hablando de un partido de fútbol.

Más recientemente, fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien susurraba al oído de otro ministro europeo que “vamos a aprobar una reforma laboral extremadamente agresiva”. Y no mentía porque, ciertamente, la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el ejecutivo de Rajoy, es una agresión a todos los trabajadores de este país.

O si no ya me dirán cómo puede calificarse un decreto ley, mediante el cual los empresarios podrán despedir a un trabajador sólo con justificar que sus ingresos, que no pérdidas, han disminuido en los tres últimos trimestres. Y este despido podrá hacerse abonando únicamente 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 meses. En román paladino esto se llama despido libre y casi gratuito.

Pero no es ésta la única medida que perjudica a los trabajadores, porque la nueva ley laboral incluye también un apartado por el que los empresarios podrán negociar las condiciones laborales de los trabajadores sin tener en cuenta los convenios colectivos sectoriales. Simplificando, que a los patronos se les ha dado carta blanca para hacer y deshacer a su antojo, mientras se vacía de contenido la participación de los sindicatos que, prácticamente son anulados.

Y todas estas medidas las justifica el gobierno del PP, en la necesidad de controlar el desempleo que afecta ya a más de cinco millones de personas. De verdad alguien piensa que flexibilizando el mercado laboral, pisoteando los derechos de los trabajadores y dejando fuera de juego los convenios colectivos, entre otras cuestiones, se va a conseguir crear un sólo empleo.

Todo apunta a que con esta ley lo único que se potenciarán serán los contratos precarios, tanto en salarios como en condiciones de trabajo y, probablemente, se destruyan puestos más o menos estables, para dar paso a contrataciones más favorables para los empresarios.

Cargos electos ¿heredados?

A menudo se nos llena la boca hablando de democracia. Tanto, que incluso uno puede llegar a pensar que la inventamos nosotros y que los cuarenta años de dictadura fueron un mal sueño. Algo parecido ocurre con la transición que algunos consideran modélica y que, si analizamos los hechos con detenimiento, podríamos llegar a cuestionar, tanto la forma como el fondo, pero ese es otro tema.

Pero bueno asumiendo que vivimos en una democracia envidiable, no me cabe duda de que algunos no entendieron lo que eso significa, al menos en algunos lugares de nuestra geografía y Ourense es un claro ejemplo de ello. Porque en esa provincia los cargos del Partido Popular se heredan, se hace con marchamo de legalidad, pero con un trasfondo caciquil del que, en multitud de ocasiones, presumen incluso los implicados.

Esta mañana leyendo el diario, observo como en algunos municipios ouresanos los cargos pasan de padres a hijos, nietos o esposas, sin ningún pudor. Tanto es así que el exregidor de Melón, que tuvo que abandonar el cargo obligado por la justicia, colocó a su mujer como cabeza de lista en los pasados comicios y ahora es ella la que ostenta la alcaldía porque, según sus propias palabras “eu non podía”.

No voy a dudar de que todos estos cargos, y son muchos, hayan accedido a ellos a través las urnas, pero convendría saber qué hay detrás para que los votantes populares elijan a sus representantes, no tanto por su valía -que seguro que la tienen- como por su apellido. A lo mejor tiene alguna incidencia en los resultados el hecho de que la mayoría de los puestos de trabajo de la Diputación de Ourense, por poner un ejemplo, los ocupen personas afiliadas al PP o familiares, es sólo una duda. Por cierto, hoy mismo toma posesión de su cargo el nuevo presidente del organismo provincial ourensano que, como no, es hijo del anterior mandatario que abandona la política. Seguramente se trata sólo de coincidencias.

A mi juicio una democracia en la que todavía perdura el caciquismo más ancestral, es una democracia enferma y, desde luego, no es como para ir presumiendo.

Marisco sin depurar para los pobres

Que la jefa del Servicio de Recursos Mariños de la Jefatura Provincial de A Coruña, dependiente de la Consellería do Mar, se plantee la posibilidad de enviar marisco sin depurar a los pobres, es algo intolerable, sobre todo cuando la sugerencia proviene de una administración pública que tiene la obligación de velar por el bienestar de sus ciudadanos.
La noticia, que recoge el diario La Opinión de A Coruña, hace referencia a un correo electrónico enviado por error a los pósitos de las cofradías en las que recientemente se instalaron bateas de depuración de moluscos, en el que el alto cargo de la Xunta, tras informar del resultado de los análisis, pregunta qué se hace con esos moluscos ¿Se resiembran o se le dan a los pobres?.

La simple pregunta debería de ser motivo suficiente para provocar el cese fulminante de la responsable. No se puede tratar con ese desprecio y con esa soberbia a los ciudadanos más desfavorecidos. Mientras, muchos altos cargos aprovechan esa condición para darse auténticos banquetes degustando mariscos debidamente depurados y garantizados que, en ocasiones, son abonados con fondos públicos.

Siguiendo con esa dinámica, se podría ofrecer también el marisco contaminado a los desempleados, a lo mejor de esa forma se ayudaría a reducir algo las escalofriantes cifras del paro que existen en la comunidad. Por cierto, un territorio que ocupa uno los primeros lugares del país en cuanto a la destrucción de empleo. En algo vamos a la cabeza. Si únicamente se trató de una broma, debo de tener poco sentido del humor porque, francamente, no le veo la gracia por ningún sitio.

Pero me temo que como ocurre con casi todo, la cuestión será abordada por los responsables y por quien tiene capacidad para tomar decisiones como una mera anécdota. Al fin y al cabo hablamos de pobres y a ¿quién le importan, si no es en campaña electoral? Francamente creo que la sociedad está tomando una directiva poco gratificante y que degrada seriamente nuestra condición como seres ¿inteligentes?. Me produce tristeza.

Los retrocesos del PP

Durante la campaña electoral al PP se le llenaba la boca diciendo que lo suyo iba a ser la transparencia, debe de ser que ellos entienden por transparencia no contar nada a los ciudadanos de las decisiones que tienen previsto adoptar y que nos afectan a todos, no hay que olvidarlo. Mientras aquí nos dicen que harán lo que tienen que hacer y lo harán como dios manda el presidente, cuando sale al exterior, sí cuenta sus proyectos y lo hace con una sonrisa. No sé qué le hará tanta gracia a Rajoy de la situación económica en un país con cinco millones de parados.

Hoy no tenía previsto hablar de economía que se está convirtiendo en el único tema de debate y lo merece, ciertamente. Pero hay otras cuestiones que no son menores y me refiero a las conquistas sociales y a muchos derechos que se verán ahora cercenados. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, que no la titular de Sanidad, anunció ayer que la ley del aborto retrocederá casi tres décadas, para volver a la aprobada en 1985 que obligaba a la mujer a tener que dar todo tipo de explicaciones si quería interrumpir un embarazo. A mi juicio es como volver a las catacumbas. Claro que esta medida, como casi todas, afectará de manera dispar a las distintas clases sociales. La gente adinerada, probablemente la que más se opone a estas leyes, seguirá abortando cuando lo desee, únicamente se verá obligada a viajar a Londres como hacían ya en tiempos del franquismo. Mientras que los más desfavorecidos habrán de hacerlo sin las mínimas garantías sanitarias.

Por su parte, el ministro de Educación también anuncia modificaciones en los planes de estudio y la estrella de su paquete de medidas es la inmediata supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía para, dice, evitar controversias. Le pediría al ministro que explicase claramente qué tipo de controversias provoca la citada materia. Claro que todas estas medidas no deberían de sorprerdernos porque, en el fondo, se trata contentar al ala más reaccionaria de su partido que, por lo que parece, debe de ser la mayoría. Pero tampoco vale quejarse ahora, es el PP y lo votaron no sé cuantos millones de personas. ¿Alguien pensaba que iba a hacer una política social? ¿O realmente se creyeron que iban a acabar con el paro con solo abrir la puerta de la Moncloa?.

A aguantarse toca, al menos cuatro años, tiempo más que suficiente para dejar absolutamente desmantelado el estado del bienestar. Lo lamento.