Porque cabría recordar al titular del ejecutivo que la policía no carga contra los estudiantes de motu propio, sino que lo hace cumpliendo órdenes y éstas proceden de los responsables políticos que son los mismos que luego piden mesura. También sería bueno que aclarase qué pasaría si no hubiera imágenes de los acontecimientos, porque entonces no tendríamos mala prensa fuera de nuestras fronteras, ¿o me equivoco, Sr. presidente?.

Es lamentable que después de los vídeos que hemos visto todos, de agresiones a unos niños que reclaman pacíficamente mejoras en sus centros docentes, el ministro de Educación conteste a una pregunta parlamentaria diciendo que el PSOE siempre “se pone de lado de la movilización violenta”. ¿Quiénes fueron los violentos?

No hay que olvidar que los institutos de la Comunidad Valenciana carecen de calefacción, materiales de laboratorio y otros, porque los sucesivos gobiernos -casualmente del PP- han dilapidado los recursos económicos con iniciativas tan glamurosas como ruinosas y citaré como ejemplo el Gran Premio de Fórmula 1. Sin olvidar que se construyen aeropuertos sin aviones, pero con una gran estatua del promotor de la obra.

Finalmente, me gustaría que alguien me aclarase por qué la policía no suele cargar contra los hinchas del fútbol que toman las calles cuando su equipo gana cualquier cosa. En estas ocasiones, cuando terminan las celebraciones, el aspecto de las ciudades tampoco es la mejor imagen que podemos exportar al exterior, señor presidente.

La secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, repite machaconamente que el suyo es el partido de los trabajadores; el recién elegido presidente de la diputación de Ourense, José Manuel Baltar, afirma que el caciquismo está erradicado en la Galicia actual; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, está convencido de que pasará a la historia como defensor de la Sanidad Pública y el presidente del organismo provincial de Castellón, Carlos Fabra construye un aeropuerto para las personas, según sus propias palabras. Este último va todavía más lejos y como no reímos sus gracias nos llama idiotas y nos dice que no hemos entendido nada. Probablemente tenga razón porque las personas no necesitamos un aeropuerto para pasear para eso queremos un parque.

Si con estos ejemplos, podría poner muchos más, no nos morimos de risa es porque, definitivamente, carecemos del más absoluto sentido del humor. A lo mejor estoy equivocada y lo que pretenden los populares no es hacernos reír, sino reírse de nosotros sin que nos demos cuenta, claro.

A los que sí parece que les hacen mucha gracia, estas y otras ocurrencias del partido gobernante, es a los empresarios que, sin embargo, tratan de no reírse en público no vayamos a pensar mal. Y es normal que la patronal esté dando botes, si se permite la expresión, porque consiguieron algo insólito. Desde ahora podrán cambiar a sus empleados que gozaban de algún derecho, por marionetas que moverán a su gusto, cuando y donde quieran y de una manera mucho más económica.

Podría citar también alguna de las gracias de Mariano Rajoy como sus afirmaciones de que el gobierno será transparente y no mentirá a los ciudadanos, pero podría resultar algo aburrido.

No lo sé, pero ya no me extrañaría nada. Porque la reforma laboral que ha hecho el ejecutivo de Mariano Rajoy es un atentado a la clase trabajadora a la que, de un plumazo, ha desprovisto de todos los derechos conquistados tras décadas de lucha obrera.

Es lamentable ver como los patronos -que están felices y no es de extrañar-, podrán despedir, rebajar sueldos o categorías, modificar horarios, cambiar el lugar de trabajo, etc, etc, mientras los trabajadores habrán de soportar cualquier cosa para no perder su empleo. Y todo esto se hace, dicen, para rebajar las cifras del paro. Con estas medidas, no traten de engañarnos otra vez, no se conseguirá crear empleo pero si precarizarlo como nunca antes se había hecho. Esta ley nos retrotrae de nuevo a los primeros años del pasado siglo.

Y mientras aprueban estas medidas, los políticos, sin ningún pudor, consolidan sus beneficios y prebendas. Hace pocas fechas en el Congreso de los Diputados se presentó una propuesta para evitar que los ex-presidentes del gobierno pudieran simultanear la pensión vitalicia, a la que tienen derecho por su cargo, con un salario de la empresa privada. La iniciativa fue rechazada con los votos de los dos partidos mayoritarios en la cámara.

Tampoco está de más recordar que, según la legislación vigente, los diputados que ocupen un escaño durante siete años, tienen derecho a una pensión vitalicia y no de seiscientos euros, por cierto. Los trabajadores, sin embargo, han de cotizar 40 años si quieren tener una pensión que les permita, cuando menos, comer después de toda una vida trabajando.

Me estoy planteando seriamente dejar de votar, al menos así no me sentiré tan manipulada, tan traicionada y tan utilizada, como me siento ahora.

Hace pocas fechas era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien informaba a varios representantes de la comunidad de que en España estaban preparando un paquete de reformas que le iban a costar una huelga general y lo hacía, al menos esa es mi sensación, como si estuviese hablando de un partido de fútbol.

Más recientemente, fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien susurraba al oído de otro ministro europeo que “vamos a aprobar una reforma laboral extremadamente agresiva”. Y no mentía porque, ciertamente, la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el ejecutivo de Rajoy, es una agresión a todos los trabajadores de este país.

O si no ya me dirán cómo puede calificarse un decreto ley, mediante el cual los empresarios podrán despedir a un trabajador sólo con justificar que sus ingresos, que no pérdidas, han disminuido en los tres últimos trimestres. Y este despido podrá hacerse abonando únicamente 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 meses. En román paladino esto se llama despido libre y casi gratuito.

Pero no es ésta la única medida que perjudica a los trabajadores, porque la nueva ley laboral incluye también un apartado por el que los empresarios podrán negociar las condiciones laborales de los trabajadores sin tener en cuenta los convenios colectivos sectoriales. Simplificando, que a los patronos se les ha dado carta blanca para hacer y deshacer a su antojo, mientras se vacía de contenido la participación de los sindicatos que, prácticamente son anulados.

Y todas estas medidas las justifica el gobierno del PP, en la necesidad de controlar el desempleo que afecta ya a más de cinco millones de personas. De verdad alguien piensa que flexibilizando el mercado laboral, pisoteando los derechos de los trabajadores y dejando fuera de juego los convenios colectivos, entre otras cuestiones, se va a conseguir crear un sólo empleo.

Todo apunta a que con esta ley lo único que se potenciarán serán los contratos precarios, tanto en salarios como en condiciones de trabajo y, probablemente, se destruyan puestos más o menos estables, para dar paso a contrataciones más favorables para los empresarios.

Pero bueno asumiendo que vivimos en una democracia envidiable, no me cabe duda de que algunos no entendieron lo que eso significa, al menos en algunos lugares de nuestra geografía y Ourense es un claro ejemplo de ello. Porque en esa provincia los cargos del Partido Popular se heredan, se hace con marchamo de legalidad, pero con un trasfondo caciquil del que, en multitud de ocasiones, presumen incluso los implicados.

Esta mañana leyendo el diario, observo como en algunos municipios ouresanos los cargos pasan de padres a hijos, nietos o esposas, sin ningún pudor. Tanto es así que el exregidor de Melón, que tuvo que abandonar el cargo obligado por la justicia, colocó a su mujer como cabeza de lista en los pasados comicios y ahora es ella la que ostenta la alcaldía porque, según sus propias palabras “eu non podía”.

No voy a dudar de que todos estos cargos, y son muchos, hayan accedido a ellos a través las urnas, pero convendría saber qué hay detrás para que los votantes populares elijan a sus representantes, no tanto por su valía -que seguro que la tienen- como por su apellido. A lo mejor tiene alguna incidencia en los resultados el hecho de que la mayoría de los puestos de trabajo de la Diputación de Ourense, por poner un ejemplo, los ocupen personas afiliadas al PP o familiares, es sólo una duda. Por cierto, hoy mismo toma posesión de su cargo el nuevo presidente del organismo provincial ourensano que, como no, es hijo del anterior mandatario que abandona la política. Seguramente se trata sólo de coincidencias.

A mi juicio una democracia en la que todavía perdura el caciquismo más ancestral, es una democracia enferma y, desde luego, no es como para ir presumiendo.

La simple pregunta debería de ser motivo suficiente para provocar el cese fulminante de la responsable. No se puede tratar con ese desprecio y con esa soberbia a los ciudadanos más desfavorecidos. Mientras, muchos altos cargos aprovechan esa condición para darse auténticos banquetes degustando mariscos debidamente depurados y garantizados que, en ocasiones, son abonados con fondos públicos.

Siguiendo con esa dinámica, se podría ofrecer también el marisco contaminado a los desempleados, a lo mejor de esa forma se ayudaría a reducir algo las escalofriantes cifras del paro que existen en la comunidad. Por cierto, un territorio que ocupa uno los primeros lugares del país en cuanto a la destrucción de empleo. En algo vamos a la cabeza. Si únicamente se trató de una broma, debo de tener poco sentido del humor porque, francamente, no le veo la gracia por ningún sitio.

Pero me temo que como ocurre con casi todo, la cuestión será abordada por los responsables y por quien tiene capacidad para tomar decisiones como una mera anécdota. Al fin y al cabo hablamos de pobres y a ¿quién le importan, si no es en campaña electoral? Francamente creo que la sociedad está tomando una directiva poco gratificante y que degrada seriamente nuestra condición como seres ¿inteligentes?. Me produce tristeza.

Hoy no tenía previsto hablar de economía que se está convirtiendo en el único tema de debate y lo merece, ciertamente. Pero hay otras cuestiones que no son menores y me refiero a las conquistas sociales y a muchos derechos que se verán ahora cercenados. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, que no la titular de Sanidad, anunció ayer que la ley del aborto retrocederá casi tres décadas, para volver a la aprobada en 1985 que obligaba a la mujer a tener que dar todo tipo de explicaciones si quería interrumpir un embarazo. A mi juicio es como volver a las catacumbas. Claro que esta medida, como casi todas, afectará de manera dispar a las distintas clases sociales. La gente adinerada, probablemente la que más se opone a estas leyes, seguirá abortando cuando lo desee, únicamente se verá obligada a viajar a Londres como hacían ya en tiempos del franquismo. Mientras que los más desfavorecidos habrán de hacerlo sin las mínimas garantías sanitarias.

Por su parte, el ministro de Educación también anuncia modificaciones en los planes de estudio y la estrella de su paquete de medidas es la inmediata supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía para, dice, evitar controversias. Le pediría al ministro que explicase claramente qué tipo de controversias provoca la citada materia. Claro que todas estas medidas no deberían de sorprerdernos porque, en el fondo, se trata contentar al ala más reaccionaria de su partido que, por lo que parece, debe de ser la mayoría. Pero tampoco vale quejarse ahora, es el PP y lo votaron no sé cuantos millones de personas. ¿Alguien pensaba que iba a hacer una política social? ¿O realmente se creyeron que iban a acabar con el paro con solo abrir la puerta de la Moncloa?.

A aguantarse toca, al menos cuatro años, tiempo más que suficiente para dejar absolutamente desmantelado el estado del bienestar. Lo lamento.

En campaña electoral predican cosas que incumplen a los pocos días de acceder al poder. No hay más que recordar las rotundas afirmaciones de Mariano Rajoy antes de las elecciones generales, en las que aseguraba que no subiría los impuestos y si no fue la primera, fue de las primeras decisiones que adoptó el nuevo ejecutivo.

Dicen, y seguramente será verdad, que con la crisis económica en la que está inmerso el país habrá que seguir tomando decisiones duras de cara a los ciudadanos y habrá que hacerlo cuanto antes. Bien todo eso lo puedo aceptar, lo que ya no alcanzo a comprender es por qué, si la situación es tan grave y urgente, se va posponer la adopción de medidas para paliar la crisis hasta después de las elecciones andaluzas.

Evidentemente se trata de una estrategia para no perder votos en una de las comunidades más codiciadas para los partidos políticos por su densidad de población, entre otras cosas. Me indigna que primen los intereses partidarios por encima de los generales, como me incomoda que, aún encima, nos refrieguen por la nariz “que las medidas más duras se tomarán tras las elecciones andaluzas”. Nos tratan como si fuésemos idiotas. Con más de cinco millones de parados, si hay que actuar, hay que hacerlo de inmediato y dejarse de frivolidades.

Claro que a lo mejor no es tan urgente porque sólo con que los populares llegaran a la Moncloa ¿ya estaba todo resuelto, no?. Pero bueno a los votantes andaluces corresponde tomar buena nota de lo que está ocurriendo antes de decidir a quien confían su futuro.

Hoy, más de dos décadas después, el eslogan continúa más vigente que nunca porque si no, cómo se explica que esta misma mañana se siente en el banquillo de los acusados un juez como Baltasar Garzón, que nunca se arrugó ante nada a la hora de investigar cualquier conducta que considerase delictiva, sin importarle ni las críticas ni el nombre o la relevancia de los implicados.

Y ahora se le juzga por unas escuchas, supuestamente ilegales, a los cabecillas de la trama Gürtel, una de las más corruptas que han poblado el escenario patrio y que, presuntamente, han desvalijado más de una administración pública con la connivencia de los políticos de turno, claro está.

Pero la cosa no termina ahí, porque el mencionado juez que realizó un trabajo ingente en la lucha contra los GAL o contra ETA, por ejemplo, volverá a ser juzgado en pocas fechas, por haberse atrevido a investigar los crímenes del franquismo. De ser condenado, el juez Garzón podría ser inhabilitado durante 17 años con lo que se pondría fin a una meritoria carrera, en la que también hubo sombras, como no.

Algo no funciona bien en un país en el que se permite que ocurran cosas como estas, que serían impensables en cualquier Estado democrático de nuestro entorno. Queda esperar que la justicia haga su trabajo y actúe sin presiones, para convencernos, como se repite hasta la saciedad, que hay que confiar en la justicia, aunque algunas veces sea necesario hacer un gran esfuerzo para conseguirlo. Este asunto huele muy mal, francamente.

Considero que sería mucho más interesante invertir todos los fondos que se destinan a los conciertos escolares en la dotación material y humana de los colegios públicos para que toda la sociedad tenga acceso a la educación, en las mejores condiciones posibles.

Evidentemente no estoy en contra de la enseñanza privada, ya sea religiosa o laica, pero pienso que aquellos que optan por llevar a sus hijos a estos centros deberán hacerlo con todas sus consecuencias. Es decir, abonando el importe que corresponda en cada caso porque no hay que olvidar que, además de colegios, son empresas con unos propietarios que, evidentemente, hacen de ello su negocio.

Creo que es hora de que el gobierno aborde este asunto de una forma clara y contundente. Tampoco estaría de más que revisara los convenios que mantiene con la iglesia, por ejemplo a la hora de contratar a los profesores de Religión

Ayer mismo, conocimos el caso de una maestra de Religión que fue despedida por el obispado por haberse casado con un divorciado. La docente recurrió a los tribunales que le dieron la razón y ahora es el Estado (o sea todos) el que tiene que hacer frente a una indemnización de más de 200.000 euros por los salarios pendientes.

No voy a entrar a cuestionar la sentencia, faltaría más, pero sí sus consecuencias. Si la iglesia despide a un trabajador y este despido se considera improcedente no sé porque la indemnización tiene que recaer sobre la población y no sobre los ejecutores de la, no sé si le puede llamar así, infracción.

De todas formas, sé que todas estas cuestiones, si alguna vez se abordan que lo dudo, no será ahora con el gobierno de derechas que preside Mariano Rajoy.