Los descubrimientos de Fátima Báñez

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que por cierto nunca tuvo un empleo, a no ser que ser militante del PP se considere un trabajo, ha descubierto así, de la noche a la mañana, una fórmula para acabar con el paro o, cuando menos, reducirlo sensiblemente. Si ya lo iba a conseguir con la reforma laboral con la que lo único que logró fue precarizar el empleo (claro que ese era el objetivo, no nos engañemos), ahora se ha dado cuenta de que reduciendo de 41 a 5 las modalidades de contrato que existen en este país, todo será muy distinto y, si me apuran, habrá que llamar a todos los jóvenes que han sido «expulsados» de este  país, porque no llegará la mano de obra para tanta demanda de trabajadores.

Pero a la ministra se le escapa un detalle, el problema del paro en España, el más alto de Europa conviene no olvidarlo, no es una cuestión de que existan más o menos modalidades de contrato, la cuestión está en la falta de demanda interna. La política de austeridad que está llevando a cabo este gobierno, siguiendo al dedillo las órdenes de la señora Merkel, (a la que me gustaría poder votar, ya que de ella depende mi futuro), está propiciando el empobrecimiento de la población y con ello, paralizando el consumo. Creo que ya lo comenté alguna vez, pero no hace falta ser un lince en economía para saber que cuando el consumo cae, lo primero que se resiente es el empleo. Tan simple como que si yo no dispongo de medios económicos para comprar, las tiendas no venden y los fabricantes dejarán de hacer unos productos que nadie va a adquirir, por lo tanto, las empresas cierran y los trabajadores se van a la calle. Pura lógica, ni más ni menos.

Por eso, la ministra, debería de dejarse de hacer declaraciones grandilocuentes y dedicarse a trabajar para potenciar la demanda interna (para eso le pagamos, creo) que facilite la creación de empleo. Si luego se quiere facilitar la burocracia con la reducción de contratos me parece muy  bien, pero esa medida por sí sola no creará ni un solo puesto de trabajo y Fátima Báñez lo sabe o, al  menos, debería de saberlo. Claro que poco se puede esperar de un Gobierno que está encantado, al menos eso dicen, pensando que el  paro este año no subirá del 27%. Pues nada, oye, un magnífico dato.

Trabajadores con pedrigree

El PP tiene dos varas de medir a los trabajadores. Una para los empleados que podríamos calificar como normales y otra para los que tienen pedrigree. Para los primeros, los populares se han apresurado a aprobar una nueva reforma laboral a los pocos meses de acceder al gobierno, que los deja al albur de los caprichos de los todopoderosos empresarios. Ahora, no hace falta que una empresa esté en crisis -la disculpa para todo, por cierto- para poder presentar un ERE y despedir a quien se le antoje al patrón. Es suficiente con que prevea que las ganancias van a ser inferiores a las del ejercicio anterior. Con estos supuestos se puede echar a la calle a cualquier operario sin contemplaciones. Y, claro, estos despidos se efectúan con una mísera indemnización, si es que a los poco más de mil euros que perciben de media, se le puede llamar indemnización.

¡Ah!,  pero cuestión muy distinta es el trato que reciben los trabajadores con pedigree, que es lo  mismo que decir aquellos que trabajan para el Partido Popular a los que, consecuentemente, se les paga con dinero público. A esos parece que no les afecta lo más mínimo la famosa reforma laboral. Si no que alguien me explique cómo el ex-alcalde de no sé donde, marido aún de la ministra de Sanidad, por mucho que vivan en distintos domicilios -será que pueden-, va a recibir una indemnización por despido improcedente (sin juicio previo), o sea mediante un pacto entre las partes, la nada despreciable cantidad de 229.000 euros. Una indemnización que pagamos entre todos y que, supongo, será tan cuantiosa para conseguir que el señor Sepúlveda, que así se llama el afortunado, mantenga la boca callada y no desvele nada de lo que se cuece en la calle Génova que no debe de ser cuestión baladí.

Y mientras se dilapida el dinero público en mantener contentos a los otrora jerifaltes del partido gobernante, los mismos que aprueban estas indemnizaciones obscenas privan a los más desfavorecidos de subvenciones para los comedores escolares o dejan fuera de la cobertura de la SS multitud de medicamentos que han de tomar las personas mayores y con menos recursos.

Desde luego si algo queda claro con estas conductas es cuáles son las prioridades de este gobierno, que no son otras que enriquecer a todo aquel que siga fielmente sus mandatos. Mientras, los gobernantes se dedican a desmantelar el Estado del bienestar, sin ofrecer ninguna alternativa. Eso, señores del PP, no es gobernar, gobernar es buscar soluciones no empobrecer a los ciudadanos y obligarlos literalmente a abandonar el país en busca de una oportunidad de trabajo. Supongo que los votantes irán tomando nota.

Insaciables

Los empresarios son insaciables, después de que el gobierno popular aprobase una reforma laboral hecha a su medida y que anula absolutamente los derechos de los trabajadores, ahora quieren que se modifique el derecho de huelga. ¿Qué será lo próximo?, ¿qué nos fijen una hora para llegar a casa?, o que nos prohíban llevar un jersey amarillo, por ejemplo.

No lo sé, pero ya no me extrañaría nada. Porque la reforma laboral que ha hecho el ejecutivo de Mariano Rajoy es un atentado a la clase trabajadora a la que, de un plumazo, ha desprovisto de todos los derechos conquistados tras décadas de lucha obrera.

Es lamentable ver como los patronos -que están felices y no es de extrañar-, podrán despedir, rebajar sueldos o categorías, modificar horarios, cambiar el lugar de trabajo, etc, etc, mientras los trabajadores habrán de soportar cualquier cosa para no perder su empleo. Y todo esto se hace, dicen, para rebajar las cifras del paro. Con estas medidas, no traten de engañarnos otra vez, no se conseguirá crear empleo pero si precarizarlo como nunca antes se había hecho. Esta ley nos retrotrae de nuevo a los primeros años del pasado siglo.

Y mientras aprueban estas medidas, los políticos, sin ningún pudor, consolidan sus beneficios y prebendas. Hace pocas fechas en el Congreso de los Diputados se presentó una propuesta para evitar que los ex-presidentes del gobierno pudieran simultanear la pensión vitalicia, a la que tienen derecho por su cargo, con un salario de la empresa privada. La iniciativa fue rechazada con los votos de los dos partidos mayoritarios en la cámara.

Tampoco está de más recordar que, según la legislación vigente, los diputados que ocupen un escaño durante siete años, tienen derecho a una pensión vitalicia y no de seiscientos euros, por cierto. Los trabajadores, sin embargo, han de cotizar 40 años si quieren tener una pensión que les permita, cuando menos, comer después de toda una vida trabajando.

Me estoy planteando seriamente dejar de votar, al menos así no me sentiré tan manipulada, tan traicionada y tan utilizada, como me siento ahora.

¿Micrófonos indiscretos?

Últimamente nos enteramos de los planes del Gobierno, cuando alguno de sus representantes viaja a Europa y, casualmente, hay un micrófono abierto que capta a nuestros políticos contándole a los comisarios europeos las nuevas medidas que va a adoptar el ejecutivo.

Hace pocas fechas era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien informaba a varios representantes de la comunidad de que en España estaban preparando un paquete de reformas que le iban a costar una huelga general y lo hacía, al menos esa es mi sensación, como si estuviese hablando de un partido de fútbol.

Más recientemente, fue el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien susurraba al oído de otro ministro europeo que «vamos a aprobar una reforma laboral extremadamente agresiva». Y no mentía porque, ciertamente, la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el ejecutivo de Rajoy, es una agresión a todos los trabajadores de este país.

O si no ya me dirán cómo puede calificarse un decreto ley, mediante el cual los empresarios podrán despedir a un trabajador sólo con justificar que sus ingresos, que no pérdidas, han disminuido en los tres últimos trimestres. Y este despido podrá hacerse abonando únicamente 20 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 meses. En román paladino esto se llama despido libre y casi gratuito.

Pero no es ésta la única medida que perjudica a los trabajadores, porque la nueva ley laboral incluye también un apartado por el que los empresarios podrán negociar las condiciones laborales de los trabajadores sin tener en cuenta los convenios colectivos sectoriales. Simplificando, que a los patronos se les ha dado carta blanca para hacer y deshacer a su antojo, mientras se vacía de contenido la participación de los sindicatos que, prácticamente son anulados.

Y todas estas medidas las justifica el gobierno del PP, en la necesidad de controlar el desempleo que afecta ya a más de cinco millones de personas. De verdad alguien piensa que flexibilizando el mercado laboral, pisoteando los derechos de los trabajadores y dejando fuera de juego los convenios colectivos, entre otras cuestiones, se va a conseguir crear un sólo empleo.

Todo apunta a que con esta ley lo único que se potenciarán serán los contratos precarios, tanto en salarios como en condiciones de trabajo y, probablemente, se destruyan puestos más o menos estables, para dar paso a contrataciones más favorables para los empresarios.